Hornos y Borinsky, dos jueces que visitaban Olivos, avalaron el dictamen del fiscal Pleé, que desistió de sostener la investigación.
Aunque era una crónica anunciada, este lunes llegó el desenlace: la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal dispuso el archivo del expediente sobre las irregularidades en la toma de deuda por 57.100 millones de dólares y la posterior fuga de capitales. La decisión fue firmada por dos de los jueces que visitaban al expresidente, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, a quienes se sumó Javier Carbajo. Lo hicieron al dejar firme un dictamen de otro fiscal que figuraba entre las visitas a Olivos, Raúl Pleé, quien la semana pasada decidió no sostener la apelación de sus colegas de instancias inferiores, que planteaban que la investigación debía continuar.
Los principales beneficiarios del cierre de esta causa –que solo podría reabrirse si alguien presenta hechos distintos o nuevos respecto de los ya investigados– son el actual ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; el titular del Banco Central, Santiago Bausili, y el propio Macri, entre otros. Los tres primeros, investigados por sus responsabilidades durante aquella gestión, se las ingeniaron para reciclarse en el Gobierno actual. Por eso, el desenlace también es una buena noticia para la administración libertaria, que ha logrado alinear con sus pretensiones a un importante sector de los tribunales federales de Comodoro Py.
El fallo
La resolución de Casación era, en cierto modo, previsible, más allá de los jueces que la firmaron, desde el momento en que el fiscal Pleé decidió no respaldar las apelaciones de sus colegas Franco Picardi (quien llevó adelante la investigación en primera instancia) y José Agüero Iturbe (quien recurrió ante la Cámara Federal). La causa se inició en 2019 y Picardi logró reunir un importante abanico de pruebas. Recién este año, en febrero, justo cuando el Gobierno decidió retirar la querella del expediente, la jueza María Eugenia Capuchetti firmó una resolución en la que consideró que correspondía cerrar el caso porque se trataba de una cuestión de política económica no judiciable y la fiscalía no había demostrado la existencia de delitos.
Apenas se configuró la “nueva” Sala I de la Cámara Federal, con la incorporación de Pablo Yadarola y la regularización de Pablo Bertuzzi (designado a dedo por Macri en 2018), el tribunal confirmó lo resuelto por Capuchetti, sin la firma del primero, pero con la de Mariano Llorens.
La Cámara de Casación dedicó la mayor parte de su resolución a descalificar las presentaciones de un particular, Antonio Conrado De Martino, quien intentó recusar a los miembros del tribunal y a Pleé, además de adherir al recurso de la fiscalía de la instancia anterior. El hombre se presentó ante la falta de querella y la evidente ofensiva contra la investigación. Los jueces de Casación no solo rechazaron su planteo, con el argumento de que la Cámara Federal ya había establecido que no era parte del expediente, sino que también cuestionaron los términos de la presentación y la actuación de su letrado patrocinante, Nicolás Roberto Corbetto Norese. Incluso formularon una denuncia ante el Colegio Público de Abogados “a fin de que en lo sucesivo ajusten sus expresiones a las exigencias de respeto y decoro propias de la actuación judicial”.
Por lo demás, Borinsky, Hornos y Carbajo se limitaron a dejar firme el dictamen de Pleé, que desistió de sostener la acusación. Este fiscal, además, fue integrante de la Comisión Asesora en Seguridad Deportiva de Boca en tiempos de Macri.
Fuente: Página12
