La Defensoría del Pueblo de Córdoba alertó por retrasos, demoras de pago y el impacto del retiro del Estado nacional en el sistema.
Un informe de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba advirtió sobre la crisis que atraviesa el sistema de discapacidad en Córdoba y alertó por el severo impacto del desfinanciamiento en el sector.
El estudio elaborado por el organismo reveló un fuerte retraso arancelario y demoras de hasta un año en los pagos a prestadores. También indicó que el sistema se sostiene únicamente por el sobreesfuerzo de las familias, profesionales e instituciones.
Un sistema en deterioro
La investigación Crisis del Sistema de Prestaciones y Apoyos para Personas con Discapacidad en Córdoba, realizada en junio y julio de este año, concluyó que el sistema atraviesa un deterioro paulatino comparable a la inestabilidad de una torre de Jenga, a la cual las omisiones estatales y la asfixia económica le retiran piezas clave.
El estudio cualitativo recolectó las vivencias directas de personas con discapacidad, familias, instituciones, profesionales y transportistas de la ciudad de Córdoba.
Entre las organizaciones que aportaron su análisis se encuentran la Cámara de Prestadores de Discapacidad (Capredis), Federación Converger, Colectivo 3 de diciembre, Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos y la Asamblea de Trabajadores de Inclusión (ATI).
Según el estudio, más de 400 mil cordobeses conviven con limitaciones funcionales permanentes, aunque sólo 127.774 personas poseen un Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente en la provincia.
Demoras y desfinanciamiento
El informe documentó un quiebre crítico en la cadena de pagos, con demoras que van desde varios meses hasta un año en el cobro de prestaciones a obras sociales y programas estatales.
La crisis traslada el costo del desfinanciamiento hacia la vida cotidiana de las personas con discapacidad y los dispositivos de atención y cuidado. En este marco sufren recortes de tratamientos, confinamiento forzado en sus hogares por falta de transporte y la necesidad de recurrir a la judicialización vía amparos para acceder a medicamentos o insumos básicos.
Fuente: Puntal
