Adrián González Charvay fijó como fecha límite el 4 de febrero para que la normativa entre en vigencia. El fallo surge de un amparo colectivo que ya tiene alcance nacional.
El conflicto por la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad sumó este martes un capítulo determinante, cuando el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, dictó una resolución que le otorga al Gobierno de Javier Milei un plazo de dos semanas para poner en marcha la normativa sancionada por el Congreso.
El fallo establece que el cumplimiento debe ser efectivo a partir del próximo 4 de febrero, marcando un límite temporal estricto para la gestión de los recursos y programas previstos en la ley.
En su dictamen, el magistrado no solo fijó la fecha de inicio, sino que también impuso un cronograma de información inmediata. El Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) cuentan ahora con un plazo de cinco días hábiles para presentar un informe detallado sobre los avances administrativos realizados hasta la fecha.
Esta medida busca garantizar que el Estado esté cumpliendo con los pasos necesarios para evitar nuevas dilaciones en la aplicación de la norma.
