Aseguran que el Operativo Verano 2026 sufre una merma crítica de efectivos por el desplazamiento de agentes hacia la Capital. Tras los disturbios en Alta Gracia y los reclamos en Calamuchita, acusan al Gobierno de priorizar fines electorales sobre la protección de los valles turísticos.
La temporada estival 2026 ha comenzado con una fuerte tensión política en los valles turísticos de la provincia. Legisladores y jefes comunales del interior denuncian una insuficiente dotación policial, acusando al Ministerio de Seguridad de desviar masivamente los recursos hacia Córdoba Capital, dejando a las localidades serranas en una situación de extrema vulnerabilidad durante los meses de mayor afluencia de visitantes.
Una merma que enciende las alarmas
El malestar, que se venía gestando desde el lanzamiento del Operativo Verano, alcanzó su punto crítico tras los recientes disturbios en la ciudad de Alta Gracia. En esa oportunidad, el municipio reprochó públicamente lo que calificó como un “abandono” por parte de la Provincia, luego de que una serie de incidentes callejeros no pudieran ser controlados con celeridad debido a la escasez de uniformados.
Esta situación no es aislada. En el departamento Calamuchita, la reducción de la presencia policial es drástica. Según las denuncias de representantes locales, las ciudades más importantes han visto recortado su personal a casi la mitad, mientras que los parajes rurales y pueblos más pequeños carecen directamente de vigilancia activa.
Críticas a la gestión de Seguridad
El legislador provincial Mauricio Jaimes fue contundente al señalar que el desplazamiento de los efectivos responde a una estrategia política del Centro Cívico. “El Gobierno Provincial vuelve a demostrar que sus prioridades son electorales y no de gestión, llevando la mayor cantidad de policías a la ciudad de Córdoba y dejando al interior con escasa cobertura”, sentenció.
Jaimes advirtió que la falta de previsión está generando “zonas grises” donde no existe control del tránsito ni orden público, justo cuando los valles operan a su máxima capacidad. El legislador, junto a otros referentes regionales, exige una redistribución urgente de los recursos para garantizar la integridad de los turistas y los residentes permanentes.
Silencio oficial y presión en aumento
Hasta el momento, desde el Ministerio de Seguridad de la Provincia no se ha emitido una respuesta oficial a estas acusaciones específicas. La falta de comunicación oficial incrementa la sensación de incertidumbre en los destinos turísticos, cuyos intendentes temen que la creciente inseguridad termine afectando el desarrollo económico de la temporada.
La presión política continúa escalando, y no se descartan nuevas presentaciones legislativas para que el Ejecutivo brinde explicaciones sobre los criterios técnicos utilizados para el despliegue del operativo de seguridad este verano.
