Con un enfoque más técnico, funcional y federal, mantiene las prohibiciones centrales y ordena las competencias.
El Gobierno ya envió al Congreso el proyecto de modificación de la Ley de Glaciares (Ley N° 26.639), el cual incluye una serie de cambios con el objetivo de ordenar el marco normativo vigente, redefinir ciertos criterios y consolidar un esquema de federalismo ambiental, reforzando el rol de las autoridades provinciales.
El proyecto enviado por el Gobierno no elimina la ley de Glaciares ni flexibiliza las prohibiciones centrales, pero sí introduce un enfoque más técnico, funcional y federal en su aplicación.
Artículo 1°: la participación de las provincias
El proyecto mantiene el objeto de la ley, el cual “establece los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico. Los glaciares constituyen bienes de carácter público”.
La novedad es que aclara que esto deberá interpretarse de un modo compatible con el artículo 41 de la Constitución Nacional, el cual dispone la utilización racional de los recursos naturales por parte de las provincias, como dueñas originarias de los mismos según el artículo 124 de la Constitución. Se aclara que este uso debe atender a las necesidades presentes sin comprometer a las generaciones futuras.
Artículo 2°: Inventario Nacional de Glaciares
Este sustituye el artículo 3° de la ley y pone mayor énfasis en el rol del Inventario Nacional de Glaciares. El nuevo indica que se deberán identificar los glaciares y geoformas periglaciales existentes en el territorio nacional “que cumplan con las funciones de reserva estratégica de recursos hídricos y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas”, no solo las reservas hídricas.
Este inventario será de consulta obligatoria y deberá ser considerado por las autoridades competentes, pero sin afectar las atribuciones que la ley otorga.
Artículo 3°: se incorpora el principio precautorio (artículo 3° bis)
Enfatiza que “todos los glaciares y geoformas periglaciales que se encuentren incluidos en el Inventario Nacional de Glaciares serán considerados como parte del objeto protegido”.
Sin embargo, en caso de que la autoridad competente verifique que un glaciar o geoforma periglacial no cumple con la función de reserva estratégica de recursos hídricos o como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas, deja de estar alcanzado por las previsiones específicas de la ley, sin perjuicio de la protección general que otorgue la Ley General del Ambiente.
Artículo 4°: nuevo esquema para la realización del Inventario
Sustituye el artículo 5°. El inventario y el monitoreo del estado de los glaciares seguirá estando a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto podrá intervenir cuando se trate de zonas fronterizas pendientes de demarcación del límite internacional previo al registro del inventario.
Pero aclara que, si la autoridad competente detecta un glaciar o ambiente periglacial en su territorio que cumpla con las funciones previstas del artículo 3 y que no esté en el Inventario Nacional de Glaciares, debe informarlo al IANIGLA para su incorporación. En tanto, si se constata que el glaciar está anotado, pero no cumple con las funciones, también deberá ser informado.
A su vez, la omisión de actualización del Inventario no invalida autorizaciones ambientales provinciales, lo que introduce mayor seguridad jurídica para proyectos evaluados bajo este esquema.
Artículo 5°: actividades prohibidas, sin cambios
Sustituye el artículo 6°. Las actividades prohibidas respecto a los glaciares y el ambiente periglacial se mantienen sin cambios. Es decir que continuarán prohibidas las actividades que puedan afectar su condición natural o las funciones señaladas en el artículo 1º, las que impliquen su destrucción o traslado o interfieran en su avance, en particular las siguientes:
a) La liberación, dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier naturaleza o volumen.
b) La construcción de obras de arquitectura o infraestructura con excepción de aquellas necesarias para la investigación científica y las prevenciones de riesgos;
c) La exploración y explotación minera e hidrocarburífera.
d) La instalación de industrias o desarrollo de obras o actividades industriales.
La única diferencia es que ahora las autoridades competentes deberán determinar, mediante la correspondiente evaluación de impacto ambiental, qué actividades proyectadas implican una alteración relevante.
Artículo 6°: evaluación de impacto ambiental
Desde ahora, “todas” las actividades proyectadas en los glaciares o ambiente periglacial – sin excepción – estarán sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, en forma previa a su autorización y ejecución.
A su vez, se podrán realizar evaluaciones ambientales estratégicas cuando la escala del proyecto lo amerite y se deberán garantizar instancias de participación ciudadana, conforme a la Ley General del Ambiente.
Se exceptúan de dicho requisito las siguientes actividades: a) De rescate, derivado de emergencias; b) Científicas, realizadas a pie o sobre esquíes, con eventual toma de muestras, que no dejen desechos en los glaciares y el ambiente periglacial; c) Deportivas, incluyendo andinismo, escalada y deportes no motorizados que no perturben el ambiente.
Artículo 7°: autoridades competentes
Reemplaza al artículo 8°. Mantiene que cada jurisdicción determinará su autoridad competente y que en las áreas protegidas la autoridad seguirá siendo la Administración de Parques Nacionales.
Fuente: Minutouno
