El Gobierno de Javier Milei busca privatizar más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales y autopistas para 2025.
En los próximos días, el Gobierno de Javier Milei, publicará un decreto que dará inicio a un proceso de licitación en dos tramos por la concesión de las rutas 12 y 14 (“Corredor 18”), que tienen 677 kilómetros entre las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes y son claves para el comercio del Mercosur, principalmente entre Argentina, Brasil y Uruguay.
Actualmente esas rutas están en manos de Caminos del Río Uruguay (CRUSA) de Construcciones y Concesiones Viales, que tiene la concesión desde hace más de 30 años y su última prórroga vence el 9 de abril de este año. La empresa tiene abierto desde 2022 un juicio contra el Estado nacional por el equivalente a unos 300 millones de dólares debido al incumplimiento sistemático del contrato y el atraso de sus tarifas, que sería mayor al 200%.
Representa el 20 por ciento de la red vial nacional pero concentra el 80 por ciento del tránsito. Un negocio que puede ser atractivo para muchas empresas constructoras interesadas en la posibilidad de cobrar peajes,
La convocatoria para esta etapa estaba prevista para diciembre, con fecha original para la adjudicación y toma de posesión en abril de 2025. El día 9 de ese mes vencerá el contrato de Caminos del Río Uruguay S.A. (CRUSA), empresa concesionaria desde 1990 y que demandó al Estado por incumplir con ajustes de tarifas y la renegociación del contrato desde 2009.
Una vez llamada la licitación para esos 675 kilómetros, se iniciará una segunda etapa mucho más ambiciosa, que incluye la privatización de las concesiones 8.470 kilómetros de rutas y autopistas actualmente gestionados por Corredores Viales, empresa estatal que quedó sujeta a privatizaciones en la Ley Bases.
De los 40.000 kilómetros de rutas nacionales que hay en el país, las constructoras ven que solamente se pueden poner peajes rentables en 1.000 kilómetros: los accesos a la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y la ruta 3.