El ministro del Interior reveló que más de 10.000 detenidos fueron liberados por el Poder Judicial. El Ejecutivo ordenó investigar el patrimonio de los magistrados y trasladó la Comandancia de Policía a Guayaquil, epicentro de la crisis de seguridad.
En medio de una espiral de violencia sin precedentes, el gobierno de Ecuador decidió endurecer su postura frente al sistema judicial. El ministro del Interior, John Reinvert, denunció que de las más de 25.000 detenciones realizadas por la Policía Nacional, más de 10.000 sospechosos fueron liberados por jueces, lo que ha generado sospechas de corrupción dentro del Poder Judicial.
“Vamos a investigar los patrimonios de todos los jueces responsables de estas liberaciones. Hay indicios graves que no podemos ignorar”, expresó Reinvert en una conferencia de prensa transmitida pasada la medianoche. El anuncio se da en un contexto de creciente desconfianza institucional y recrudecimiento del crimen organizado.
Como parte de las medidas extraordinarias, el presidente Daniel Noboa ordenó el traslado de la Comandancia General de la Policía Nacional desde Quito a Guayaquil, ciudad que concentra gran parte de los homicidios y enfrentamientos armados. La decisión simboliza un cambio estratégico en la gestión territorial de la seguridad y busca reforzar la presencia del Estado en una de las zonas más golpeadas por la violencia.
El Ejecutivo apunta ahora a una reestructuración judicial y policial que marque un punto de inflexión. Mientras tanto, la ciudadanía espera señales claras de recuperación del control en las calles.