La legisladora electa por el correísmo no podrá asumir su cargo tras ser sancionada por violencia política de género contra la fiscal Diana Salazar, debiendo además pagar una multa y, según su defensa, sin intención de disculparse.
Un giro inesperado sacudió el panorama político ecuatoriano cuando, a último momento, la asambleísta electa por el correísmo, Priscila Schettini, fue suspendida de sus derechos políticos por un período de tres años. Esta decisión judicial le impedirá asumir su cargo en el Parlamento, dejando a la legisladora “vestida y alborotada”.
La causa de esta drástica medida radica en un caso de violencia política de género en contra de la fiscal Diana Salazar. Además de la suspensión de sus derechos políticos, Schettini deberá pagar una multa de 22.500 dólares como reparación a la agraviada.
Sin embargo, la controversia no termina ahí. La defensa de la asambleísta electa ha manifestado públicamente que no ofrecerán disculpas a la fiscal Salazar, manteniendo una postura desafiante frente al dictamen judicial.
Esta noticia genera un fuerte impacto en la conformación de la Asamblea Nacional y levanta interrogantes sobre el futuro político de Priscila Schettini y las repercusiones dentro del movimiento correísta. La negativa a disculparse por parte de su defensa anticipa que este caso podría seguir generando debate y controversia en la escena política ecuatoriana.