Esta decisión, basada en una denuncia por violencia política de género, ha generado un conflicto con el presidente Daniel Novoa, quien se niega a encargarle la presidencia durante la campaña electoral
La vicepresidenta Verónica Abad enfrenta una situación de incertidumbre política luego de que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ratificara la suspensión de sus derechos políticos por dos años. Esta sanción, resultado de una denuncia por violencia política de género presentada por la canciller Gabriela Zonfield, ha generado un complejo escenario político en el país.
El TCE confirmó la suspensión de los derechos políticos de Abad, lo que le impide ejercer cargos públicos durante este período. La denuncia por violencia política de género, presentada por la canciller Zonfield, fue el fundamento de esta decisión judicial.
El presidente Daniel Novoa ha utilizado esta sanción como base para justificar su decisión de no encargar la presidencia a Abad durante la campaña electoral. La situación legal de Abad la deja en un limbo, ya que no ha sido destituida de su cargo, pero tampoco puede ejercer sus funciones públicas. La vicepresidenta Abad se encuentra en Turquía, lo que le impide defender su posición desde su país.
Este escenario plantea interrogantes sobre el futuro político de Abad y la estabilidad del gobierno actual. Esta situación añade tensión al ambiente político del país. Este hecho es un caso sin precedentes en la política ecuatoriana.