Aunque la Corte Suprema de EEUU declaró ilegales los aranceles aplicados bajo poderes de emergencia, Donald Trump anticipó que buscará nuevas vías legales para sostenerlos. Las compañías advierten que el impacto económico sigue marcado por la volatilidad y el riesgo judicial.
Las empresas estadounidenses enfrentan una nueva etapa de incertidumbre luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos anuló los aranceles que el gobierno de Donald Trump había impuesto amparándose en una ley de poderes de emergencia. Pese al fallo, el presidente republicano anticipó que buscará alternativas legales para sostener los gravámenes, lo que mantiene en vilo al sector privado.
La administración Trump sostiene que los aranceles permiten fortalecer a los fabricantes locales y reducir el déficit comercial. Sin embargo, muchas empresas se vieron obligadas a subir precios, recortar costos o modificar sus cadenas de suministro para compensar el aumento de los costos derivados de las tarifas a las importaciones.
Aún es incierto cuánto alivio real traerá el fallo para las compañías y los consumidores. Pocas horas después de la decisión judicial, Trump anunció que evalúa recurrir a otra normativa para imponer un arancel general del 10% a todas las importaciones por un período de 150 días, además de aplicar tarifas adicionales a países acusados de prácticas comerciales desleales.
La batalla judicial y el temor a nuevos gravámenes
“Cualquier estímulo económico derivado de la baja de aranceles será probablemente contrarrestado por un período prolongado de incertidumbre”, advirtió Michael Pearce, economista de Oxford Economics. Según el analista, el gobierno podría reconstruir el esquema arancelario por vías más duraderas, lo que terminaría estabilizando la carga tributaria cerca de los niveles actuales.
En paralelo, los intentos por recuperar los aranceles ya recaudados —estimados entre u$s133.000 y u$s175.000 millones— se anticipan complejos y, en la práctica, podrían beneficiar principalmente a grandes empresas con mayor capacidad financiera y respaldo legal. Para los consumidores, en cambio, las chances de recibir compensaciones son mínimas.
