Abogados de la agrupación RESET presentaron una denuncia penal por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública. Cancillería adjudicó $114.044.133 a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa, dirigida por María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico Sturzenegger.
Una denuncia penal presentada por los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, integrantes de la agrupación RESET Republicano, apunta contra el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; la subsecretaria de Coordinación y Administración Exterior de la Cancillería, María Cristina Dellepiane; el titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Alejandro Melik; y el director nacional de Ética Pública, Leopoldo Giupponi, por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública.
La presentación también pide que se analice la conducta de María Josefina Rouillet, esposa del ministro, quien se desempeña como directiva de la Asociación Argentina de Cultura Inglesa.
La adjudicación bajo sospecha
El eje de la denuncia es la Disposición 21/2026 de la Subsecretaría de Coordinación y Administración Exterior, fechada el 19 de enero de 2026, que adjudicó a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa la contratación directa por especialidad N° 26-0033-CDI25 por un total de $114.044.133, con opción a prórroga, para brindar capacitación en inglés al personal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto en el marco del Plan Estratégico de Capacitación 2025-2027.
Según surge del propio acto administrativo, en la “Declaración Jurada de Intereses” prevista por el Decreto 202/2017 se detectó “un vínculo positivo” entre Rouillet y el ministro Sturzenegger.
A partir de ello, según se consignó, “se aplicaron los trámites y procedimientos previstos para estos casos en el Artículo 4° del Decreto N° 202/17”, comunicando la situación a la Oficina Anticorrupción y a la Sindicatura General de la Nación, y sugiriendo la suscripción de un pacto de integridad.
Además, la disposición sostiene que la Dirección Nacional de Ética Pública dictaminó que “se han cumplido las previsiones establecidas en el Decreto N° 202/17”.
Fuente: Ambito Financiero
