De acuerdo con el pliego de licitación, el Estado conservará la mayoría del paquete accionario y el poder de decisión en temas estratégicos.
El gobierno de Javier Milei oficializó la licitación pública para transferir casi la mitad del capital accionario de la empresa Nucleoléctrica Argentina S.A (NASA), la empresa estatal que opera las centrales nucleares del país, garantizando que el Estado conserve la mayoría y el poder de decisión en temas estratégicos
Así quedó plasmado en la Resolución 1751/2025 publicada hoy en el Boletín Oficial en la que se establece un esquema que contempla la venta de una parte significativa del capital accionario de la compañía, manteniendo el control mayoritario en manos del Estado Nacional.
En el artículo 1 de la resolución se establece: “Iníciase el proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) en los términos del artículo 8° de la ley 27.742 y del decreto 695 del 29 de septiembre de 2025”. Además, el procedimiento aprobado prevé la venta del 44% de las acciones de NASA mediante una licitación pública de alcance nacional e internacional, conforme a los lineamientos de la ley 23.696.
Paralelamente, se implementará un Programa de Propiedad Participada que destinará el 5% del capital accionario a este fin, otorgando preferencias a los empleados de la empresa. El 51% restante del paquete accionario permanecerá bajo control del Estado Nacional, a través de la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Energía Atómica, garantizando así la participación mayoritaria estatal.
El Ministerio de Economía, con la intervención de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”, ha sido instruido para adoptar todas las medidas necesarias que permitan concretar la privatización. Entre las acciones inmediatas se encuentra la organización del Programa de Propiedad Participada y la preparación de la venta en bloque del 44% de las acciones, proceso que deberá realizarse a través de una licitación pública y en un plazo máximo de doce meses desde la entrada en vigencia de la resolución.
Fuente: Minutouno