La falta de incorporación de la historia clínica del astro podría tener consecuencias gravísimas para el proceso judicial. ¿Podría una de las partes solicitar la nulidad? ¿Qué efectos tendría?
El reciente hallazgo de que la historia clínica de Diego Armando Maradona no forma parte del expediente judicial en la causa que investiga su muerte, podría no ser simplemente una falla procesal, sino una bomba jurídica de consecuencias imprevisibles. La pregunta ya resuena con fuerza en pasillos judiciales y redacciones: ¿puede pedirse la nulidad del juicio?
La historia clínica no es una prueba más. Se trata del documento médico central que detalla los diagnósticos, tratamientos, evolución y decisiones clínicas adoptadas por los profesionales que asistieron al paciente. Su ausencia implica que durante la instrucción —e incluso en el momento de elevar la causa a juicio— ni el fiscal ni el juez tuvieron acceso a la base médica objetiva sobre la cual debía sustentarse el caso.
Desde una perspectiva jurídica, la omisión de una prueba esencial puede configurar una violación al debido proceso y al principio de defensa en juicio, consagrados en la Constitución Nacional (art. 18) en os alcances del Art 75 inc 22 (DDHH) y en los pactos internacionales con jerarquía constitucional.
Si una de las partes, sea la defensa o la querella, demuestra que dicha prueba podría haber modificado el rumbo de la causa o afectado sustancialmente su estrategia, podría plantear un pedido de nulidad parcial o total del proceso.
Consultados por este medio, expertos en derecho procesal advirtieron que la nulidad no es automática, pero podría ser procedente si se acredita que la falta de incorporación generó una indefensión concreta y no meramente formal.
La defensa de los profesionales imputados ya analizan esta vía, y no se descarta que la querella —aunque perjudicada por el mismo defecto— utilice esta circunstancia para reforzar la crítica al accionar fiscal y eventualmente reclamar la reapertura de la instrucción.
En el peor escenario, el juicio podría retrotraerse a etapas previas o incluso ordenarse una nueva instrucción suplementaria, lo que implicaría dilaciones significativas en un proceso que lleva más de cuatro años en marcha.
Lo ocurrido desnuda una grave desprolijidad institucional, que no sólo pone en jaque la validez del juicio, sino que siembra dudas sobre la diligencia con la que fue conducida toda la etapa de investigación. En un caso de altísima sensibilidad pública, en el que se debate la posible responsabilidad penal de médicos por la muerte del ídolo deportivo más importante del país, semejante omisión resulta inadmisible.
Por ahora, el juicio sigue su curso. Pero la decisión de allanar la Clínica de Olivos de madrugada, para secuestrar la historia clínica ausente, es un síntoma de alarma que nadie puede ignorar. La posibilidad de un terremoto judicial es real. Y la Justicia, una vez más, parece jugar en tiempo de descuento.