La jornada electoral deja un saldo de decenas de multados por fotografiar el voto, luego de que figuras políticas incitaran al desacato, mientras que en Quito se descubre un millonario proyecto de seguridad vial abandonado en bodegas
Un total de 71 ciudadanos en todo el país han sido multados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) por infringir la prohibición de fotografiar su voto durante la reciente jornada electoral. La medida busca garantizar el secreto del sufragio y evitar posibles presiones o coacciones al electorado.
Según fuentes del CNE, las sanciones económicas impuestas a los infractores oscilan entre los $9.000 y los $32.000 dólares, reflejando la seriedad con la que se toma el cumplimiento de las normas electorales.
La polémica en torno a esta prohibición se intensificó luego de que los líderes del movimiento correísta, Luisa González y Andrés Arauz, instaran públicamente a sus seguidores a desacatar la directriz del CNE. Esta exhortación, ahora, ha tenido consecuencias directas para aquellos ciudadanos que siguieron su llamado y procedieron a fotografiar su voto.
En otro orden de noticias, un hallazgo preocupante se dio a conocer en las bodegas de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) en Quito. Miles de cámaras de video, dispositivos de rastreo satelital y botones de auxilio, destinados a ser instalados en los buses de transporte público, permanecen almacenados como “basura”. Estos equipos, cuya adquisición significó una inversión de $109 millones de dólares hace una década, durante la administración de la Agencia Nacional de Tránsito en Quito, nunca fueron implementados.
Este hecho levanta serias interrogantes sobre la gestión de los recursos públicos y la falta de seguimiento en proyectos cruciales para la seguridad vial y la protección de los usuarios del transporte público. La situación de estos equipos abandonados contrasta fuertemente con la necesidad de mejorar la seguridad en el transporte público y genera indignación ante el aparente despilfarro de fondos estatales.