La medida fue tomada por el Fiscal Enrique Gavier de la Fiscalía de Delitos Complejos, quien investigas las mas de 200 presentaciones de damnificados
Con fecha dos semanas posterior al ingreso del expediente que contiene las casi 200 denuncias iniciales, el Fiscal de Instrucción de Delitos Complejos del Primer Turno, Dr. Enrique Gavier, ordenó la realización de diversos allanamientos simultáneos en el marco de la investigación seguida contra la firma constructora Márquez y Asociados y sus representantes legales, los señores Juan Pablo Márquez y Ariel Márquez.
Los procedimientos judiciales se desarrollan desde horas de la madrugada en la sede central de la empresa, ubicada en barrio Tablada Park (intersección de las calles Battle Planas y Lino Spilimbergo), así como en diversos domicilios particulares localizados en barrios cerrados del sector noroeste de la ciudad de Córdoba y en la localidad de Villa Allende, entre ellos, los barrios Villa Allende Golf, Lomas de la Carolina y Arbolada Hollywood.
Las medidas fueron ejecutadas por personal policial perteneciente a la Policía de la Provincia de Córdoba, junto a efectivos especializados en Delitos Económicos y personal de la Unidad Judicial correspondiente, actuando bajo la coordinación directa de la Fiscalía interviniente.
Durante los operativos, se observó la presencia de móviles policiales y personal uniformado que restringía el acceso al público a la sede central de la firma. Fuentes consultadas en el lugar confirmaron a este medio que “se estaba llevando a cabo un allanamiento” dispuesto por la autoridad judicial competente.
Hasta el momento, no se habrían librado órdenes de detención respecto de los imputados, aunque se dejó constancia de que podrían disponerse detenciones en caso de verificarse situaciones flagrantes o elementos que así lo justifiquen en el marco de la diligencia.
La investigación penal en curso se encuentra motivada por la acumulación de numerosas denuncias efectuadas por particulares que afirman haber abonado sumas significativas de dinero en concepto de compra de unidades habitacionales, sin que las mismas les hayan sido entregadas o finalizadas conforme lo pactado, a pesar del tiempo transcurrido desde la suscripción de los respectivos contratos.