Honduras busca modernizar el tratado de extradición con Estados Unidos para combatir la corrupción y el crimen organizado de manera efectiva
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, anunció esta semana que su gobierno llegó a un acuerdo con Estados Unidos para cancelar la denuncia del tratado de extradición de hondureños a ese país. Esta decisión se tomó luego de que el tratado fuera utilizado como un instrumento de injerencia política y no como una herramienta para combatir el crimen.
La noticia ha sido bien recibida por diversos sectores de la sociedad hondureña. Sin embargo, analistas políticos han sugerido que Honduras debe exigir a Estados Unidos la extradición de sus ciudadanos que hayan cometido delitos en el país.
Uno de los casos más destacados es el de Axel López, el supuesto empresario de industria médica involucrado en la estafa de hospitales móviles durante la pandemia en 2020. Estos centros médicos, que costaron al pueblo hondureño 48 millones de dólares, nunca pudieron utilizarse debido a su mal estado e inconsistencias. A pesar de tener una alerta internacional de arresto, López sigue libre porque Estados Unidos se ha negado a extraditarlo.
Ante esta situación, diversos sectores de la sociedad hondureña han abogado por la renovación de las cláusulas del tratado de extradición, que entró en vigencia en 1912 y no ha sido actualizado. Se busca garantizar que el tratado sea una herramienta efectiva para combatir el crimen y la corrupción, sin ser utilizado como un instrumento político.